Veinticinco años sin faltar a un pago: la disciplina fiscal como política de Estado en la Ciudad de Buenos Aires

Hay pocos activos tan escasos en la Argentina como la previsibilidad. Gobiernos que se suceden con signos políticos distintos, crisis cambiarias recurrentes y una historia nacional jalonada de defaults y reestructuraciones hacen que cualquier trayectoria de cumplimiento sostenido en el tiempo sea, por sí sola, una anomalía digna de estudio. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofrece uno de los pocos ejemplos de ese tipo: desde que Aníbal Ibarra debió administrar la crisis de 2001 hasta la actual gestión de Jorge Macri, pasando por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, el distrito porteño construyó y sostuvo una reputación crediticia que atraviesa gobiernos de la Alianza, el PRO y sus sucesivas variantes. El hilo conductor no es ideológico: es el cumplimiento ininterrumpido —aun en los momentos de mayor tensión— de los compromisos de deuda.

El bautismo de fuego: Ibarra y el colapso de 2001

La Ciudad ejerce su autonomía financiera desde 1996, pero el primer examen serio de su capacidad de pago llegó con el estallido de diciembre de 2001. En ese momento el jefe de Gobierno era Aníbal Ibarra, surgido de la Alianza, y la city porteña no pudo sustraerse por completo a las turbulencias que arrasaban con las cuentas públicas de todo el país: como el resto de las jurisdicciones subnacionales, debió encarar un proceso de reordenamiento de sus pasivos. La diferencia estuvo en la velocidad y en el método. Mientras buena parte de las provincias quedaba atrapada durante años en negociaciones con los acreedores —hay casos, como el de la propia Provincia de Buenos Aires o La Rioja, que tardaron más de una década en cerrar sus procesos—, la Ciudad resolvió su situación en un plazo notablemente corto.

Quien condujo esa reestructuración fue Miguel Pesce, que llevó adelante las negociaciones con los bonistas acompañado incluso por legisladores porteños de la oposición de entonces, en un gesto de construcción de consenso poco habitual para la época. Hacia 2003, con la salida de la crisis de 2001-2002, la Ciudad había concluido el proceso y comenzó a desandar el camino inverso: reducir el stock de deuda año tras año. El resultado de esa gestión inicial fue determinante para todo lo que vino después: la Ciudad recuperó el acceso a los mercados de crédito antes que casi cualquier otro distrito del país, sentando el precedente de que, pasada la tormenta, honraría sus compromisos con normalidad. Ese antecedente —más allá de que la propia Ciudad prefiere hoy destacar que fue "el único distrito que no incumplió sus pagos" en la comparación con el default soberano— es la piedra fundacional de la reputación crediticia porteña.

De Macri a Larreta: crecimiento del endeudamiento, sin sobresaltos en los pagos

Cuando Mauricio Macri asumió en diciembre de 2007, el stock de deuda financiera de la Ciudad era de 574 millones de dólares, pero la gestión saliente dejaba una masa significativa de compromisos impagos con contratistas y proveedores, producto de años de obra pública postergada. A partir de 2010 el distrito volvió a emitir títulos en el mercado internacional y diversificó sus instrumentos de financiamiento local, lo que dio inicio a una etapa de mayor uso del crédito que continuó durante la gestión de Rodríguez Larreta. Ese endeudamiento se destinó en gran medida a financiar un salto en la infraestructura porteña —extensión de la red de subterráneos, corredores de metrobús, obras hidráulicas y vial— que había quedado rezagada en la década anterior.

Ese endeudamiento, sin embargo, no estuvo asociado a atrasos. Por el contrario, tuvo como contracara una gestión activa del perfil de vencimientos: refinanciaciones para estirar plazos, anticipos de pagos y colocaciones destinadas tanto a obra pública (metrobuses, ciclovías, ampliación de subterráneos) como al servicio de la propia deuda. El test más severo de esta etapa llegó en 2020. En medio de la pandemia y con una macroeconomía nacional en caída libre, el gobierno de Alberto Fernández impulsó una reestructuración de la deuda soberana a la que se plegó la enorme mayoría de las provincias argentinas. La Ciudad, junto con Santa Fe, optó por el camino inverso: siguió pagando en tiempo y forma, sin buscar quitas ni extensiones compulsivas de plazos. La decisión tuvo un costo político —exigió sostener el esfuerzo fiscal en el peor momento de la crisis sanitaria— pero consolidó definitivamente el diferencial de reputación que hoy el distrito capitaliza en cada colocación.

En paralelo a esa disciplina financiera, se abrió un frente distinto: la pelea por la coparticipación, iniciada en 2016 y con recortes al coeficiente porteño dispuestos en 2020, que la Ciudad judicializó con éxito parcial ante la Corte Suprema. Aunque no se trata de deuda en sentido estricto, el conflicto terminó resolviéndose con la misma lógica de instrumentación que atraviesa este artículo: la Nación saldó buena parte de lo adeudado mediante la entrega de bonos y letras del Tesoro.

Jorge Macri: la reputación como activo de negociación

La gestión de Jorge Macri, iniciada en diciembre de 2023, heredó dos frentes abiertos: un stock de deuda en dólares que exigía atención permanente del perfil de vencimientos, y el litigio pendiente por la coparticipación. En ambos terrenos, la respuesta fue la misma receta que atravesó a todas las administraciones anteriores: pagar puntualmente y usar esa trayectoria como moneda de cambio frente al mercado y frente a la Nación.

En el plano de la deuda propia, el resultado fue elocuente. La colocación de la Serie 13 del Bono Tango en noviembre de 2025, por 600 millones de dólares a una tasa de 7,8%, fue seguida apenas seis meses después por la Serie 14, en mayo de 2026, por 500 millones de dólares a diez años y una tasa de 7,375%: la más baja en toda la historia crediticia del distrito. La demanda sextuplicó la oferta —se buscaban 500 millones y se recibieron ofertas por 3.000 millones—, un dato que el propio jefe de Gobierno atribuyó explícitamente al "prestigio de cumplimiento" acumulado. Moody's acompañó ese proceso elevando la calificación local de la Ciudad de AA+.ar a AAA.ar, la nota máxima de la escala doméstica, premiando tanto el equilibrio fiscal como la mejora del cronograma de vencimientos.

El otro frente, el de la coparticipación, tuvo un desenlace igualmente ilustrativo del patrón: en mayo de 2026 la administración de Javier Milei y el gobierno porteño acordaron cancelar la deuda acumulada —más de 800.000 millones de pesos— mediante la entrega de bonos y letras del Tesoro, en un esquema que la Ciudad aceptó para destrabar un conflicto de años.

Una anomalía que se sostiene en el tiempo

Lo distintivo del caso porteño no es la ausencia de sobresaltos —los hubo, y serios, sobre todo en 2001— sino la manera en que cada gestión, más allá de su color político, decidió no romper la cadena de cumplimiento una vez restablecida. Ibarra gestionó la crisis heredada de la convertibilidad; Macri volvió a los mercados de crédito para saldar deudas heredadas con contratistas y financiar la infraestructura postergada; Larreta sostuvo los pagos en el peor año de la pandemia con el costo fiscal que eso implicó; Jorge Macri transformó esa reputación acumulada en mejores tasas y en una carta de negociación frente a la Nación. El resultado, veinticinco años después de aquel diciembre de 2001, es que la Ciudad de Buenos Aires exhibe hoy el historial crediticio más limpio entre las jurisdicciones subnacionales argentinas, y lo utiliza —independientemente de quién gobierne— como argumento central frente a inversores, calificadoras y al propio Estado nacional.